Desde agosto de 2024, la Alcaldía de Medellín y la JEP trabajan de forma conjunta para honrar el mandato de verdad, justicia y reparación que exige el sistema de justicia transicional. Bajo el liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, se emitió un boletín oficial en el que se detalla la solicitud de $3.500 millones COP adicionales al Gobierno Nacional. Esta petición busca asegurar la continuidad de las labores de búsqueda de restos humanos en la zona denominada La Escombrera, ubicada en la comuna 13, donde durante décadas se presume que fueron depositadas las víctimas del conflicto armado.
¿Qué pide la Alcaldía y la JEP al Gobierno Nacional y por qué importa?

Solicitan un aporte de 3.500 millones COP para financiar la fase decisiva de excavaciones y monitoreo geotécnico en La Escombrera y garantizar la identificación de víctimas. Esta financiación es esencial para cumplir con las órdenes de verdad y reparación, proteger a las familias y avanzar en la memoria histórica.
La búsqueda en La Escombrera representa un compromiso palpable con la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto armado. Con más de 8.650 millones COP ya invertidos por la Alcaldía y la JEP, se solicita al Gobierno Nacional un aporte crítico de 3.500 millones COP para asegurar la continuación y éxito de estas labores.
-
La Alcaldía de Medellín y la JEP han invertido más de 8.650 millones COP en la búsqueda de restos humanos en La Escombrera.
-
Se requieren 3.500 millones COP adicionales del Gobierno Nacional para garantizar la continuidad de las labores hasta diciembre.
-
El proyecto incluye un acompañamiento integral a las familias y despliegue de maquinaria y tecnología especializada en varias fases.
La petición no es un simple trámite administrativo: es una exigencia de las madres y familiares que han encabezado la búsqueda en campo abierto. Con el respaldo institucional, se exige que la nación “se ponga del lado de las víctimas” y asuma la responsabilidad financiera de un proceso que trasciende lo local y se enmarca en la reparación integral del Estado.
Inversión y acciones realizadas hasta la fecha
Hasta el momento, el Gobierno municipal ha destinado más de $8.000 millones COP en esfuerzos técnicos, logísticos, jurídicos y financieros. A este monto se suma la inversión de aproximadamente $650 millones COP realizada directamente por la JEP, para sumar a la causa recursos y experiencia en procesos de búsqueda y exhumación.
Entre las principales acciones ejecutadas se incluyen:
-
Instalación de cerramientos perimetrales y protección de taludes con inclinómetros y piezómetros.
-
Cubrimiento de 2.500 m² con plástico industrial para proteger el terreno de lluvias y garantizar la seguridad de equipos y familiares.
-
Montaje de un campamento para madres buscadoras con servicios de transporte, alimentación y alojamiento en el mismo lugar de intervención.
-
Despliegue de maquinaria amarilla (retroexcavadoras y palas mecánicas) durante la fase inicial de tres meses.
¿Por qué se necesita más financiación?
La complejidad del terreno en La Escombrera, con sus estructuras de escombros inestables y la presencia de cuerpos enterrados en profundidad, exige tecnología y recursos continuos. El cronograma proyecta una segunda fase, que contempla:
-
Instalación de dos inclinomómetros y piezómetros adicionales para monitorear la erosión del talud y asegurar la estabilidad.
-
Prolongación del uso de maquinaria amarilla más allá de los tres meses iniciales.
-
Ampliación del polígono de búsqueda, basándose en nuevos testimonios y registros forenses.
-
Incorporación de un equipo de antropología forense de Guatemala, especializado en exhumaciones complejas.
Sin el aporte del Gobierno Nacional, la continuidad de estas operaciones estará en riesgo, lo que podría atrasar la identificación de víctimas y la entrega de información clave para sus familias.
Impacto en las víctimas y acompañamiento integral

La búsqueda en La Escombrera es una deuda social con centenares de familias que han esperado justicia por décadas. La Alcaldía y la JEP no solo centran esfuerzos en las labores de campo, sino que también garantizan un acompañamiento integral que abarca:
-
Atención psicosocial, para apoyar el proceso de duelo y recuperación emocional.
-
Orientación jurídica, para facilitar trámites de participación en el proceso de verdad y reparación.
-
Servicios de salud, asegurando que madres y familiares tengan acceso a atención médica durante su estadía en el campamento.
Este enfoque holístico refuerza la dignidad de las víctimas y demuestra un compromiso real con la reparación de los daños causados por el conflicto armado.
Fases del proyecto y próximos pasos

-
Fase uno (agosto–octubre): Adecuación inicial del terreno, protección de taludes, instalación de campamento y movilización de maquinaria.
-
Fase dos (noviembre–diciembre): Monitoreo geotécnico con inclinómetros y piezómetros, excavaciones profundas e identificación de restos.
-
Fase tres (2025 en adelante): Consolidación de hallazgos, entrega de informes forenses y apoyo a procesos legales de verdad y reparación.
Para garantizar el éxito de estas etapas, resulta clave que el Gobierno Nacional atienda el llamado conjunto de la Alcaldía y la JEP y aporte los $3.500 millones COP restantes antes de agosto de 2025. Sin ellos, las familias afrontarán nuevos retrasos en la búsqueda de sus seres queridos.
La búsqueda en La Escombrera es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones, la movilización de recursos y el valor de las víctimas pueden converger para construir memoria histórica y justicia. Comparte este post en tus redes sociales para que más personas conozcan este esfuerzo y suscríbete al boletín para recibir actualizaciones sobre este y otros proyectos de reparación en Colombia.
En definitiva, el esfuerzo conjunto de la Alcaldía de Medellín y la JEP en la búsqueda en La Escombrera simboliza un compromiso profundo con la verdad, la justicia y la reparación. La inversión de más de 8.650 millones COP atestigua la prioridad que estas instituciones otorgan al rescate de la memoria histórica y al reconocimiento del sufrimiento de las familias. Sin embargo, la consecución de resultados contundentes depende del aporte adicional de 3.500 millones COP por parte del Gobierno Nacional, cuyo rol es indispensable para sostener las labores de campo y asegurar la continuidad de cada fase.
Por un lado, el despliegue de tecnología de punta —incluyendo inclinómetros, piezómetros y maquinaria amarilla— junto con la labor incansable de las madres buscadoras y equipos forenses, ha permitido avances significativos en la identificación de posibles puntos de exhumación. Por otro lado, el componente de acompañamiento integral ha demostrado ser vital: asesoría jurídica, atención psicosocial y servicios de salud no solo facilitan el acceso de las familias al proceso, sino que también dignifican su participación y mitigación del dolor.
Las tres fases establecidas ofrecen un plan claro: adecuación inicial del terreno, monitoreo geotécnico y excavaciones profundas, seguidas de la consolidación de hallazgos y la entrega de informes forenses. Cada etapa está diseñada para optimizar recursos y maximizar la seguridad, pero su ejecución plena exige recursos permanentes. De ahí la urgencia de que el Gobierno Nacional responda a este llamado y garantice los fondos necesarios antes de agosto de 2025.
Más allá de la dimensión técnica, esta iniciativa es un acto de reparación simbólica y reconocimiento ético. Avanzar en La Escombrera no solo despeja escombros físicos, sino que también despeja el camino hacia la reconciliación y la reconstrucción del tejido social en Medellín. El compromiso institucional con las víctimas trasciende la mitigación de daños, pues siembra las bases de una memoria colectiva que fortalece la identidad y la cohesión comunitaria.
Finalmente, es responsabilidad de todos los actores sociales, medios de comunicación y ciudadanía amplificar este llamado y exigir al Gobierno Nacional que aporte los recursos faltantes. Solo con esa corresponsabilidad se podrá convertir el reclamo de justicia en una realidad tangible, y ofrecer a las familias el cierre y la reparación que merecen.